Repactaciones unilaterales, maquillaje de resultados y fallas de control detonaron una crisis que golpeó a millones. Hubo condenas penales para exejecutivos y fallos civiles millonarios a favor de inversionistas.
El Caso La Polar estalló como una bofetada pública. Durante años, la empresa repactó de forma unilateral deudas, elevó intereses y mostró un estado financiero más sano de lo real. La práctica, extendida y sistemática, no fue un tecnicismo: golpeó el día a día de millones de personas que vieron cómo una cuota se volvía impagable, cómo el teléfono no dejaba de sonar y cómo una “solución” que nunca autorizaron terminaba por hundirlas más. No es exagerado decir que afectó a uno de cada tres chilenos: casi todos conocimos a alguien que cargó con ese peso.
Una ola de reclamos ante el SERNAC, que empujó una demanda colectiva, se convirtió pronto en bola de nieve: derrumbe en bolsa, indignación social y proceso judicial. La investigación expuso fallas corporativas, auditorías complacientes y controles que no vieron, o no quisieron ver, las alertas: utilidades desproporcionadas para el tamaño de la operación, provisiones insuficientes y métricas que no calzaban con el segmento atendido.
En el ámbito penal, el Segundo Juzgado de Garantía impuso penas de 5 años, a cumplir en libertad vigilada, a los ex ejecutivos Pablo Alcalde, Julián Moreno y María Isabel Farah. En el frente civil, la justicia ordenó indemnizaciones relevantes: más de $15 mil millones a AFP Capital, un fallo de la Corte Suprema que responsabilizó a la compañía, exejecutivos y a la auditora por más de US$22 millones a la misma administradora, y más recientemente la Corte de Apelaciones condenó solidariamente a exejecutivos a pagar 2.575.388 UF a AFP Provida (cerca de US$100 millones).
Pero detrás de esos números había historias concretas: familias que pagaron durante meses sin entender por qué la deuda crecía; personas que, al perder el empleo, buscaron ordenar sus cuentas y descubrieron repactaciones jamás autorizadas; inversionistas minoristas que confiaron en indicadores “brillantes” y vieron evaporarse ahorros de años.
Más de una década después, La Polar sigue siendo un punto de inflexión cultural. Impulsó cambios regulatorios, mayores exigencias de provisiones y conversaciones urgentes sobre incentivos, responsabilidades y límites éticos. Un espejo incómodo que el país todavía necesita sostener.