Mientras las cámaras y el equipo de JUNTOS recorren sus pasillos, los socios de Admiral One detallan cómo su tecnología busca impedir que el caso La Polar se repita en la vida real.
Prestaron sus oficinas en el Paseo Ahumada para filmar Que Se Acabe Todo, pero su vínculo con la película va más allá de los metros cuadrados. Para los socios de Admiral One, esta historia es el ejemplo perfecto de lo que dedican su vida a evitar.
Ese compromiso con la integridad no se quedó en el discurso. Admiral One abrió literalmente las puertas de sus oficinas en Paseo Ahumada para que la producción tuviera un escenario real. Al prestar su espacio para el rodaje, la consultora no solo facilita la logística, sino que valida la urgencia de contar esta historia.
“El caso La Polar representa todo lo que tratamos de evitar”, declara Jorge Álvarez, CEO de Admiral One. “Estaba podrido desde la directiva hacia abajo. Había incentivos perversos y, sobre todo, no había canales seguros para denunciar. Si alguien quería hablar, tenía que ir donde el mismo jefe que estaba cometiendo el fraude o dejar un papel en un buzón en el baño”.
En palabras simples, su empresa funciona como un “seguro” de conducta corporativa. Si las personas tienen reglas básicas (no matar, no robar, no pasarse un rojo), las empresas también. El problema es que, en el mundo corporativo, cumplir esas reglas solía ser un trámite de papel o un Excel olvidado. Admiral One digitaliza ese proceso para convertirlo en un sistema de alerta temprana.
El “Pepe Grillo” digital y la pena de muerte corporativa
Históricamente, el área de compliance (cumplimiento) era el vagón de cola de las empresas, vista solo como burocracia. AdmiralONE busca cambiar eso actuando como el “Pepe Grillo” de las organizaciones: una conciencia digital que te dice qué se puede hacer y qué no, y además, deja registro de todo.
La clave es la trazabilidad. En el caso La Polar, las actas de directorio se podían modificar o las denuncias se perdían en el camino. “Lo que buscamos es que no se puedan maquillar los papeles”, cuenta José Camus, COO de la empresa. Su sistema digitaliza actas, denuncias y procesos de aprobación, creando una huella imborrable. Si alguien aprueba algo indebido, queda registrado quién fue, cuándo y cómo.
El escenario ha cambiado drásticamente con la nueva Ley de Delitos Económicos (21.595). Se acabaron las “clases de ética”. Ahora, los ejecutivos pueden enfrentar penas de cárcel efectiva de hasta 20 años sin atenuantes por conducta irreprochable.
Pero el riesgo no es solo para las personas, sino para la empresa misma. La ley introduce un concepto que en Admiral One llaman la “pena de muerte a la persona jurídica”. Si una empresa no demuestra tener un control interno robusto y comete delitos graves, puede ser disuelta forzosamente: se venden los activos, se cierran las llaves y se acaba el negocio.“Hoy día, la única medida real para protegerse es digitalizar y automatizar el control”, concluye José Camus. Apoyar Que Se Acabe Todo es parte de esa cruzada: mostrar la brutalidad de un fraude para educar sobre la necesidad urgente de la integridad.